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Intereses negros como el carbón
La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila… pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.
“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.
A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.
La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.
Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.
Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.
La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.
La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.
En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).
En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.
Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.
García Cervantes apunta: “El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.
“Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana”.
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