Jorge Lara Rivera
Previsiblemente en un régimen arrogante, arbitrario, prepotente, simulador e impune, proclive al empecinamiento que invariablemente busca cumplir su capricho, salirse con la suya a cualquier precio… siempre que sea con cargo al erario y no tenga que responsabilizarse de nada. No podía esperarse otra cosa de gentuza que nunca ha sido para dar la cara y afrontar las consecuencias de sus yerros, protegidos por el manto de la impunidad.
Ya era bastante repugnante la mezquindad de la PANdilla de cuatreros, evidente con el ruin regateo del ridículo ex vocerito quien funge como titular de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, a dar cumplimiento al mandato de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión publicando en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, unánimemente aprobada por ambas cámaras, y su pueril pretensión de engañar a los mexicanos (con el cuento de que no era un veto, sino una “devolución para correcciones”), como para tener que soportar el indecente espectáculo de la cobardía del ocupante de Los Pinos que escurre el bulto de la responsabilidad al promover una Controversia Constitucional contra aquéllas ante los serviles ministros de la venal Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su desesperado afán por impedir a como dé lugar que esa Ley inicie vigencia durante el actual mandato, más que su “aplicabilidad”, como se argumenta oficialmente, persigue evitar que de ella se desprenda la imputabilidad al actual sexenio y al gabinete a cargo –y a su Capo, culpable por su necio empecinarse en la estrategia represora y genocida de la guerra que desató con imprevisión contra el narco y el narcotráfico– por las más de 60 mil muertes violentas (los gringos hablan de 150 mil y el marcador prosigue su sangrienta contabilidad), 11 mil desapariciones forzadas con sesgo político, 250 mil desplazados, decenas de miles de exiliados y 2 mil huérfanos, la ejecución de casi un centenar de periodistas y asesinato de decenas de activistas sociales, así como ingentes y abultados expedientes documentados de abusos por parte de fuerzas armadas ante organismos internacionales de derechos humanos como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Human Rights, Watch Human Rigths y la Corte Penal Internacional con sede en Europa, y por sus omisas y criminales conductas frente a denuncias de la CNDH.
Así, la vileza de antecedentes de ese tribunal oligárquico tan divorciado de la Justicia y alejado del pueblo, al cual con sus privilegios y onerosos emolumentos expolia, hace temer fundadamente que –cómplice plegado al Poder– de nueva cuenta lo encubrirá con descaro, dándole coartada legal o, al menos, demorará indefinidamente la suspensión del estado de cosas –efecto que de la admisión de esa Controversia se desprende– con lo que le permitirá transitar impune, logrando su canallesco objetivo. Nada extraño en una administración que en abierta contradicción con su discurso de imperio del estado de derecho y apego irrestricto a la ley, ha hecho del retorcimiento legaloide, la discrecionalidad abusiva y el atropello a derecho, la praxis inmoral de su conducción de los asuntos públicos.
La nueva enorme grieta descubierta en el Canal de la Compañía que el comprobado inepto José Luis Luege Tamargo (CONAGUA) presentaba ya como obra de restauración concluida, da al traste con la versión oficial de eficiencia e inversión “histórica” para garantizar el abasto del líquido en el sistema Cutzamala.
Lo mismo ocurre con el trágico “dejà vu” social de la explosión en una mina carbonífera vertical en Coahuila que aprisionó a 7 mineros, al poner de nuevo en tela de juicio y ante escrutinio público la conducta omisa, criminal, en que han incurrido diversas instancias del régimen, tal Economía (Bruno Ferrari García de Alba, involucrado en la contaminación de nuestro campo con transgénicos, violación a las leyes arancelarias de Comercio Exterior, importación de maíz transgénico violando la Ley de Bioseguridad y en la usurpación de facultades del H. Congreso Federal), SAGARPA (Francisco Mayorga Castañeda, asociado a aquél en varios escándalos), SEMARNAT (Rafael Elvira Quesada, cómplice de ambos) y Trabajo y Previsión Social (Rosalinda Vélez Juárez, como antes el porro Javier Lozano Alarcón). A propósito, la fiebre del oro que infectó a los gambusinos de dinero fácil durante el dorado 2010, año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, ilustrada elocuentemente por la corrupción que en TURISSSTE y SEP propició el hamponcillo dilapidador del erario Alonso Lujambio Irazábal (quien como si hubiera sido un servidor público modelo desde hace meses cuesta al país cientos de miles de dólares, recluido en una clínica estadounidense cuando, siendo empleado público y según la cobertura universal en salud de que se jacta su ex jefe, tendría que contar con el servicio médico del ISSSTE y vivir la experiencia de ser atendido allí) inspiró engendritos.
Ya se supo que aquel “Museo Itinerante” que estuvo en el Zócalo sirvió para un fraude multimillonario –otro más– al amparo de la cursilería y patrimonialismo de la presente administración; tal quedó de manifiesto en el aniversario 50º del ISSSTE y en la metamorfosis grotesca de un acto público en fiesta de cumpleaños para la antidemocrática y nepotista Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón.
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