sábado, 25 de agosto de 2012

De temerse esta mafia familiar de priístas

¡¡Exijamos lo Imposible!!
No les “da la gana” investigar e informar 
Gilberto Balam Pereira

Autoridades electorales y FeCal, simuladores

Hacen como que investigan pero son verdaderos simuladores. Sus razones tienen y son bien conocidas para no repetirlas al lector

Jurídica y constitucionalmente es obligación del gobierno, que tiene esa información, entregarla al TEPJF para que se sepa exactamente qué es lo que pasó en las desaseadas elecciones pasadas.

Demasiadas, suficientes e inobjetables han sido las evidencias del fraude presentadas a las autoridades electorales.

Para no ir más allá en el intríngulis (intenciones solapadas, razones ocultas) de las triangulaciones y diversas rutas que siguió el financiamiento ilícito de la campaña de EPN, una de las investigaciones obligadas de las autoridades electorales es la del vínculo de la Fundación “Isidro Fabela”, eminentemente priísta, y la transferencia de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México hizo en pleno proceso electoral a un ciudadano particular, un tal Marco Antonio González Pak.

También es fundamental detectar las estrechas relaciones entre funcionarios de la SHCP y el Director de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz, así como con los ejecutivos de Soriana, Banamex, Monex, HSBC. Cualquier ciudadano inteligente pone en duda la imparcialidad y desnuda la complicidad recíproca de todos estos delincuentes, funcionarios y banqueros, en contubernio de intereses políticos y que se niegan a informar el desaseo de la famosa campaña presidencial priísta.

Pedro Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Tricio Haro y Emilio Azcárraga Jean son los personajes principalmente involucrados en las inconfesables transas entre las empresas como Soriana con la Banca, el PRI y los funcionarios gubernamentales de la SHCP y la Unidad de Fiscalización del IFE.

El viernes 10 de julio, el senador Ricardo Monreal Avila aportó una incontrovertible prueba del fraude electoral, consistente en señalar que hasta ese día la consulta en la página electrónica del Banco de México, evidenciaba que el 19 de junio de 2012 BBVA-Bancomer emitió, por orden del gobierno del Estado de México, un pago de 50 millones de pesos a una cuenta en Scotiabank a nombre de Marco Antonio González Pak, quien aparece como gerente de ventas de la empresa industrial “Gil and Eagle” radicada en Chihuahua y cuyos principales clientes son el PRI, el gobierno priísta de Chihuahua y empresas privadas. Por supuesto que la ficha de este depósito consultable por el público en la página electrónica del gobierno del Edomex, fue borrada ipso facto una vez descubierta, para borrar los rastros del dinero que fue a parar a varias empresas por la ruta de la Fundación priísta “Isidro Fabela”, y como colofón, Eruviel Avila, gobernador del Edomex llamó después ¡mentiroso! a Ricardo Monreal.

Otro importante dato aportado por este senador para fundamentar el fraude, es el que se refiere a la investigación hecha por él y su equipo, el hecho de que en el trimestre de abril-junio de plena campaña, el estado de cuentas de Soriana no aporta ganancias significativas ni ingresos mercantiles, sólo la cantidad de 2 mil millones de pesos depositadas por el PRI, que correspondían al anticipo de la emisión de tarjetas prepagadas para la compra de votos a favor de EPN.

Al rastrearse el dominio de internet de la empresa industrial “distribuidora vial” Gil and Eagle se encontró que su contacto administrativo, técnico y de pago es Alberto de la Peña Grajeda, a quien el tío de EPN, Arturo Peña del Mazo, nombró presidente de la priísta Fundación “Isidro Fabela” recién creada en Chihuahua, el 22 de agosto de 2011. Asistieron al evento como testigos de honor el gobernador de Edomex, Eruviel Avila, el ex-gobernador de Puebla Guillermo Jiménez Morales y el gobernador de Chihuahua, también priísta, César Duarte Jáquez.

Los apellidos Peña Grajeda coinciden con los de Santiago de la Peña (¿hermano de Alberto?), abogado de la representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Chihuahua, además de asesor de la Oficina de la Presidencia de la República. ¡Qué bonita familia! diría Pompín Iglesias.

Eruviel Avila y su Secretario de Finanzas Raúl Murrieta Cummings son los que descalifican los documentos de transferencias bancarias del erario local hacia particulares, como esos 50 millones de pesos a González Pak. En 2009 este Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Edomex. Es hermano de Carlos Rafael (¡otra bonita familia!) director corporativo de Operaciones Pemex, el encargado de mantener (debería) en óptimas condiciones los miles de kilómetros de ductos que trasladan por el país la gasolina y el crudo, los que han sido “robados” por el crimen organizado con más frecuencia este sexenio. Este Rafael Murrieta es hermano de Antonio, gerente de administración financiera del corporativo Pemex.

Obligados a investigar e informar. Es imprescindible aclarar si el dinero utilizado para las tarjetas Soriana, Monex y algunas de Banamex formaron parte de la triangulación irregular en los comicios, como lo denunció oportunamente el Movimiento Progresista.

El IFE y su Unidad de Fiscalización deben investigar e informar al respecto, toda vez que ya no tiene el obstáculo del secreto bancario, por lo que el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las instituciones bancarias implicadas deben proporcionar toda la información de la que dispongan relacionada con el caso.

Sospechas de simulación. Alfredo Gutiérrez Mena, director del SAT, fue propuesto para ese cargo por FeCal; es nieto de aquel Antonio Ortiz Mena, ex- titular de la SHCP; Alfredo fundó en 1989 el despacho Ortiz, Sainz y Tron; en 1995 ingresó a la SHCP y defendió a Banamex en el litigio abierto tras la compra de sus acciones por Citigroup, transacción en la que estos banqueros se ahorraron un millonario pago de impuestos (una tercera ¡qué bonita familia Ortiz!).

El tal Gutiérrez Mena ha sido un “bueno para nada”. Sumamente incompetente. Según la Auditoría Superior de la Federación hizo perder al erario 680 mil millones de pesos. Sin embargo, fue nombrado director del SAT por José María Zubiria Maqueo, hermano de Eugenio, administrador de Soriana; fue cuando atrajo a su colaboración al famoso Cristalinas, hoy titular de la Unidad de Fiscalización del IFE.

El contubernio de las “bonitas familias” es evidente.

Se me acabó el espacio. Pero continuaremos desentrañando este maquiavélico entramado de trampuchetas priístas que el IFE trata de ocultar.

¿Y para qué tanta burocracia de investigación? dijo el caricaturista Hernández en La Jornada que dijo el “cosita” de Coldwell presidente del PRI: ¡qué flojera investigar!

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