Imposición Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
México consolida la plutocracia
Preparan rechazo de la izquierda
Arman Congreso para Peña Nieto
Romero y Cavazos van “al garete”
Niega juez amparo a Grupo MVS
“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”.- Francisco de Quevedo
Todo parece indicar que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validarán el “triunfo” de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del pasado 1 de julio, con lo que se repetirá el escenario del 2006, cuando surgió para los millones de mexicanos que votaron por la izquierda un presidente “ilegitimo” en la figura de Felipe Calderón, quien no alcanzó la legitimidad que brinda la certeza de la limpieza en los procesos, pero que a pesar de todo, fue impuesto por los poderes fácticos en la residencia oficial de Los Pinos, lo que inició una de las peores administraciones federales de la historia de México. Las noticias difundidas hasta el momento señalan que en el proyecto de resolución de la demanda de invalidez de los pasados comicios presidenciales, no se realizó una revisión exhaustiva de las pruebas que presentaron los partidos que conforman la coalición Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Primera Magistratura de la Nación.
La mesa ya está puesta para que se ratifique a Enrique Peña Nieto como el próximo Presidente de la República, lo que abre un nuevo capítulo de manifestaciones, marchas e inconformidades a lo largo y ancho del país que puede desencadenar un estado de ingobernabilidad crítico y agravado por la gran inseguridad que prevalece en el territorio nacional, como consecuencia de la fallida guerra a algunos de los cárteles de la droga declarada por Felipe Calderón y quien para tal efecto, fue presionado por el gobierno de George Bush con el señuelo de que así alcanzaría el grado de “héroe” que le brindaría la legitimidad que le fue negado por los electores mexicanos. Los resultados están a la vista, tras un sexenio realmente fallido, con un Estado debilitado y con el fortalecimiento de los grupos fácticos, entre los que destacan no sólo los de los poderosos grupos empresariales, particularmente los que conforman el duopolio televisivo, sino también de los grupos criminales, con el cártel de Sinaloa y Joaquín “El Chapo” Guzmán a la cabeza.
Ayer Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, pidió a los actores políticos aceptar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la validez o no de la elección presidencial, en cuanto se formalice. Ya el proyecto de dictamen de la comisión del TEPJF, responsable de elaborar el proyecto de sentencia sobre el juicio de nulidad promovido por la coalición Movimiento Progresista que está en poder de los magistrados electorales, prevé desechar la petición de invalidar el proceso. Los magistrados del máximo tribunal en materia electoral del país sostienen que el desahogo del juicio de inconformidad “ha sido exhaustivo y ha garantizado plenamente el derecho de equidad procesal, por lo que todas las partes y sus allegados han sido escuchados”, afirmación que no resiste un somero examen.
A través de un comunicado, el TEPJF afirmó que “la Comisión Calificadora de la elección presidencial ha dictado 36 acuerdos, en los cuales se han adoptado más de 100 determinaciones”. Dijo que se ha escuchado a las partes y la documentación revisada rebasa más de 33 mil fojas. Sostuvo que se ha hecho una “revisión exhaustiva de los planteamientos” contenidos en la demanda, informe circunstanciado y escrito de los alegatos, así como de las pruebas presentadas por las coaliciones actora y tercera interesada y por las autoridades señaladas como responsables, es decir, el Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
No obstante y para muestra un botón: el TEPJF declaró infundada la solicitud de la coalición Movimiento Progresista para que se consideren 283 mil 451 firmas de ciudadanos inconformes con la elección presidencial para que se les considere como terceros interesados. En una sesión pública, la Sala Superior de ese tribunal declaró infundada la petición de los partidos de izquierda, al considerar que las firmas recolectadas durante las asambleas informativas de los institutos políticos no pueden ser tomadas en consideración para la resolución del juicio por el que solicita la nulidad de la elección presidencial.
Frente a esa certeza, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a todos los partidos políticos que, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare (a Enrique Peña Nieto) presidente electo, se deje atrás la competencia electoral, la diatriba, el encono y la crispación, con el propósito de construir el proyecto de unidad nacional que requieren los mexicanos. También, los gobernadores del tricolor llamaron a cerrar el capítulo del conflicto poselectoral porque, dijeron, es tiempo de construir a favor de los mexicanos. César Duarte, actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), consideró fundamental que el proceso electoral se desahogue en los términos que está planteado en la ley. El gobernador de Chihuahua, optimista, descartó un mayor conflicto, pues, dijo “no veo más allá de una polémica intensa, que se ha generado en torno a la elección”.
La visión de la izquierda es diametralmente opuesta: el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró que las movilizaciones populares en contra de la declaración de validez del triunfo del priísta Enrique Peña Nieto dependerán, primero de la decisión que tomen los magistrados del TEPJF y sí éstos se apegan a la legalidad o simplemente actúan con cinismo. Destacó que el Tribunal Electoral sólo tiene dos caminos para calificar la elección presidencial: “actuar con cinismo”, como en 2006 y validar el resultado, o declarar la nulidad del proceso para permitir la designación de un presidente interino”. El mandatario capitalino también convocó a los partidos que integran el Frente Progresista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano) a actuar de manera cohesionada y unida.
La preocupación de los partidos de izquierda ante la cercana resolución de los magistrados electorales no es gratuita. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, admitió que “vemos con preocupación que no han terminado de desahogarse quejas que hemos presentado contra el IFE y ya resulta que está circulando el proyecto de la sentencia emitida por la comisión especial entre los magistrados”. También Ricardo Monreal, ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, llamó a los magistrados del Tribunal Electoral a no validar la elección presidencial, ni avalar “un gobierno ilegitimo que no estaremos nunca dispuestos a reconocer”. El político zacatecano instó a los magistrados a no convertirse en encubridores o cómplices de las “graves violaciones constitucionales” cometidas antes, durante y después de los comicios del pasado 1 de julio.
En cuanto se consumen los hechos anteriormente descritos quedará por observar el tamaño de la inconformidad popular, ante esta nueva imposición de un nuevo mandatario por parte de las autoridades electorales. La inconformidad de los grupos de izquierda habrá de batallar al interior de los tres partidos políticos, con los grupos que se comportan como verdaderos caballos de Troya y que defienden las parcelas de poder alcanzadas hasta ahora, principalmente en el Congreso la Unión, y algunas gubernaturas y presidencias municipales, lo que ha permitido a esos políticos dejar de lado el morral y cargar ahora sendos maletines y trasladarse en autos de lujo, que no conocieron en su azarosa militancia en la oposición.
CONGRESO A MODO
Durante los últimos días, un Congreso a modo han estado construyendo priístas y panistas a Enrique Peña Nieto. La nueva Cámara de Diputados para la LXII Legislatura quedó formalmente constituida ayer. Entrará en funciones el próximo sábado 1 de septiembre, cuando reciba por escrito el sexto informe de gobierno de Felipe Calderón, quien pretende con todo cinismo presentarse, ahora sí, ante la máxima tribuna de la Nación, para intentar destacar los “grandes logros” de su administración que sólo existen en su cabeza y los guiones que le preparan sus asesores de imagen. Más le valdrá al michoacano no presentarse en el palacio legislativo para no exponerse a un generalizado repudio en cadena nacional, donde los legisladores de oposición podrían restregarle no sólo su responsabilidad en la muerte de más de 70 mil mexicanos en su guerra contra algunos cárteles de la droga, sino su indolencia en la atención de las necesidades y requerimientos de más de 52 millones de mexicanos sumidos en la pobreza.
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