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Veracruz:
mapaches contra tlacuaches
Ricardo Monreal Avila
Si usted quiere entender lo que está ocurriendo en Veracruz (denuncias cruzadas entre priístas y panistas por el uso electoral de los programas sociales del gobierno federal, con base en audios y videos), no busque la explicación en la ciencia política, en el derecho electoral o en la Teoría del Estado Moderno.
Lo que está ocurriendo en Veracruz es un tema de zoología política y tiene que ver con un pleito entre dos especies de mamíferos marsupiales por el control del territorio y de la madriguera que les da techo, sustento y supervivencia. Es un pleito entre mapaches tricolores y tlacuaches albiazules.
Todo empezó en la elección presidencial del 2012. En Veracruz, contra todos los pronósticos electorales, ganó la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, por una apretada diferencia: 1,598 votos (1’204,712 votos PAN, 1’203, 114 PRI). Recordemos que los únicos estados que ganó la candidata panista fueron Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Rápidamente los priístas detectaron el origen de esta derrota dolorosa: el manejo electoral del padrón de beneficiarios de los programas de la Sedesol en la entidad, especialmente del programa Oportunidades, a cargo del entonces delegado federal y exalcalde panista de Boca del Río (epicentro territorial del actual escándalo veracruzano), Miguel Angel Yunes Márquez; hijo a su vez del excandidato albiazul al gobierno del estado, Miguel Angel Yunes Linares, quien estuvo muy cerca de ganarle la gubernatura del estado al actual mandatario priísta Javier Duarte. Desde entonces los mamíferos marsupiales se juraron “venganza jarocha”.
Es importante señalar que los antecedentes político-electorales de Yunes Márquez como operador del PAN, antes de ser delegado federal de la Sedesol, no fue un caso aislado en el sexenio anterior. El 80% de las delegaciones federales de esa dependencia estuvieron ocupadas por exlegisladores, exalcaldes y exdirigentes panistas prácticamente todo el sexenio. Con un dato adicional: muchos de ellos también fueron consejeros nacionales o estatales del PAN.
El abuso de la figura delegado federal-consejero partidista motivó incluso reacciones de la oposición de entonces (PRI-PRD), que presentó sendas iniciativas de ley, lo mismo para desaparecer la figura de “delegado federal” por duplicarse con las funciones de los secretarios estatales correspondientes, que para prohibir el nombramiento de delegados federales con antecedentes de haber sido operadores partidistas o con cargos políticos de representación popular. Ninguna de ellas prosperó.
Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, una de las primeras acciones administrativas sustanciales fue la recuperación de las delegaciones federales en manos de operadores panistas, especialmente las del área social. Un ejército de 20 mil empleados de todos los niveles, desde delegados hasta brigadistas de campo. Y ya con el control de las oficinas, el siguiente paso fue la recuperación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, especialmente en los estados con alta votación panista, como Veracruz.
Lo que revelan las grabaciones difundidas de panistas contra los operadores priístas, y de éstos contra aquéllos, tienen una característica común: la disputa por un botín político llamado “padrón de beneficiarios” de Oportunidades y otros programas sociales. Es claro lo que están haciendo los funcionarios federales de la Sedesol en Boca del Río: están dando de baja a los beneficiarios reclutados por el exdelegado panista Yunes Márquez, para dar de alta a nuevos beneficiarios reclutados por los priístas veracruzanos.
¿Qué tiene que ver esto con la Cruzada contra el Hambre? Absolutamente nada. Es más, el término ni siquiera es mencionado a lo largo de las 13 horas de grabación por los nuevos funcionarios de Sedesol. La preocupación central no es combatir el hambre ni la pobreza, sino reclutar votantes para el PRI. De la misma manera como la preocupación de la Sedesol de los gobiernos panistas no fue combatir a fondo la desigualdad, sino intercambiar votos por programas sociales en Boca del Río, en el estado de Veracruz y en todo el país.
El conflicto jarocho entre mapaches y tlacuaches por la madriguera electoral es lamentable porque demuestra crudamente una de las causas por las que no se ha terminado con la pobreza a lo largo de cuatro décadas de política social en el gobierno federal, a pesar de las partidas billonarias que en todo este tiempo se han destinado contra este cáncer social.
Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, si se hubiera entregado a los 52 millones de pobres en el país el total del gasto social que han hecho los gobiernos en cuatro décadas, cada uno de ellos tendría en este momento 36 millones de pesos. De ese tamaño es la ineficacia de la política social.
¿Por qué no hemos podido erradicar la pobreza en el país, a pesar de que invertimos cada sexenio varios puntos del PIB? El mismo Centro apunta las causas; porque el presupuesto se lo chupa la corrupción política, la burocracia que opera estos programas y la orientación electorera y cortoplacista de todos los programas sociales que hemos tenido en el país.
Esta política social empobrecedora, no enriquecedora de las capacidades económicas, sociales y productivas de los mexicanos, la han aplicado por igual los gobiernos del PRI y del PAN.
Los gobiernos de ambos partidos han dado pescado a los pobres, pero no los han enseñado a pescar. Y ambos han utilizado electoral y partidistamente la política social. Unos con la visión de mapaches y otros con la voracidad de tlacuaches.
Ya es tiempo de tener una política social de Estado, y no una política social al servicio de tal o cual partido, de tal o cual gobernador, o de tal o cual Presidente.
Una política social de Estado implica por lo menos tres características: un servicio civil de carrera en las dependencias que manejan el gasto social (se requieran delegados federales profesionales no delegados electorales partidistas); una real política de transparencia y rendición de cuentas de los cuantiosos recursos que manejan estos programas; y una evaluación objetiva de los programas de gasto social en función de indicadores de desempeño de los funcionarios del área.
Si PRI y PAN no lo hicieron en su momento desde el gobierno, menos lo harán ahora que está en marcha la Cruzada Nacional por la Voracidad Electoral.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonrealaa
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