Explotación minera Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Riqueza creada con abusos y violaciones
Corrupción y muerte en nuestro subsuelo
Exige la ONU adecuaciones y revisiones
Fallido contra-ataque de Andrés Granier
“Una llave de oro abre todas las cerraduras”.- Christoph Wieland
Las políticas de libre mercado, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio firmado en 1994; las concesiones del subsuelo, sustentados en la Ley Minera y la Ley Federal de Derechos; la falta de pago de regalías y el secreto fiscal; la reforma al artículo 27 constitucional realizada en 1992 que permitió que las tierras comunales y ejidos se convirtieran en propiedad privada, explican que un grupo de seis mineras canadienses controlen el 70 por ciento de la explotación del oro en México y posean, en territorio nacional, reservas de ese metal con un valor total de 83 mil millones de dólares, y que a pesar de los abusos que cometen con comunidades cercanas a los lugares de explotación, salgan avantes en conflictos generados por su forma de operar, que se resume en bajos costos de operación, reducidos impuestos y cuotas ambientales, que les significan poca inversión y mucha ganancia.
En contraste, los mineros mexicanos son de los peores pagados del mundo. En nuestro país, un minero gana entre 2 y 3 dólares la hora; es decir, 24 dólares al día, mientras que en Canadá por la misma labor, un trabajador recibe más de 20 y hasta 30 dólares la hora, esto es, 10 veces más. Además, los mineros mexicanos soportan una absoluta falta de respeto a sus derechos laborales y violación sistemática de los contratos colectivos de trabajo, y no cuentan con los mínimos de seguridad, sin que ninguna autoridad actúe. En México, los mineros resienten el “autismo” de las autoridades y el abuso sistemático de las empresas que obtienen una rentabilidad que es de las más altas del ámbito mundial.
A lo anterior hay que agregar que en territorio nacional, las mineras trasnacionales y consorcios del país pagan por concepto de derechos, tan sólo cinco pesos anuales por hectárea explotada; cada año piden a la Secretaría de Hacienda crédito fiscal; tienen concesiones por 50 años renovables; pagan los salarios más bajos de Latinoamérica; han impactado negativamente los recursos hídricos y ambientales de diversas comunidades, y han provocado en ellas afectaciones sociales. A pesar de todo, los gobiernos federales han permitido que queden impunes los abusos, violaciones y sobreexplotación de recursos y trabajadores, que “se han convertido en un serio factor de inestabilidad política generalizada en el país”, como se ha denunciado incluso en el Senado de la República, donde se ha exigido que las empresas mineras paguen derechos, como en todo el mundo; que no se dejen espacios en la legislación que les permitan evadir impuestos; que se les apliquen sanciones cuando no cumplan con los ordenamientos de impacto ambiental, y que se revisen todas las concesiones otorgadas y se les obligue a no violar derechos humanos y laborales.
Sin embargo, poco se ha avanzado en ese sentido y, tal vez, en ningún lugar del mundo las compañías mineras se sientan tan a gusto como en México. Dentro del paquete de reformas estructurales que se han impulsado a través de las cúpulas partidistas que conforman el Pacto por México, no se tiene proyectada ninguna reforma legislativa que toque a las actuales dueñas del subsuelo mexicano ni siquiera con el pétalo de un gravamen o una sanción.
En México es común que, pese a sus grandes ganancias, las empresas extractivas nacionales y trasnacionales fallen en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales. La mayoría de los conflictos se dan en la franja que ocupan las empresas canadienses, debido al modelo de explotación intensiva que llevan a cabo, y al uso de tecnologías que producen pasivos ambientales.
Mejor del exterior, se han generado recomendaciones al gobierno mexicano para mejorar la situación de los auténticos dueños de la superficie nacional. Un “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”, presentado ayer en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto revisar el marco legal relativo a la minería, con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflictos sociales, que han ido incrementándose y escalando en intensidad en las últimas administraciones federales, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados por la actividad de las mineras, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas.
Dicho análisis recomendó aprobar una Ley Federal de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de armonizar la Constitución –de forma particular en los artículos 2, 26, 27 y 115- y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. La ONU pidió, a este gobierno, revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación, así como reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que sean acordes a los derechos indígenas.
La ONU pidió, al gobierno de Peña Nieto, que las autoridades federales asuman su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Le solicitó, también, “detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras, y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.
La pelota mineral está en la cancha de la administración de Peña Nieto, que tiene mucho que trabajar en la materia para demostrar que es merecedora de la confianza del electorado del país.
GRANIER TENDRÁ QUE EXPLICAR
El procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, anunció que el ex gobernador Andrés Granier será llamado a declarar como indiciado, en el marco de la investigación del origen de los más de 88 millones de pesos decomisados a su ex secretario de Finanzas. También tendrán que declarar, ante las autoridades judiciales tabasqueñas, el propio ex secretario de Finanzas, José Manuel Saiz, y el subsecretario de Egresos.
Mientras, agentes ministeriales de la Procuraduría de Tabasco catearon, por segunda ocasión, el despacho del ex secretario de Finanzas del ex gobernador Andrés Granier, en Villahermosa. El asunto volvió a captar la atención de los medios de comunicación porque la secretaria del ex tesorero, Marlees Cupil López, denunció que fue secuestrada y golpeada para forzarla a firmar una declaración en la que, supuestamente, proporciona el domicilio en el que fueron encontrados 88 millones 560 mil pesos en efectivo, ligados al quebranto de más de mil 900 millones de pesos que dejó la administración de Granier Melo.
La mujer se encuentra escondida en el Distrito Federal, donde permanece hospitalizada. Dice temer por su vida y sus abogados anunciaron que demandarán al actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Los dichos de Cupil López y de su abogado Xavier Olea Peláez, tendrán que ser demostrados ante las autoridades judiciales de la entidad. Ya el procurador tabasqueño, Fernando Valenzuela, refutó la afirmación de ambos en el sentido de que los millones de pesos en efectivo decomisados hayan sido sembrados por las propias autoridades.
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