Solo palabras
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco envió una carta con lenguaje claro y conciso en la que acusa al presidente de México, Enrique Peña Nieto de llevar a cabo una defensa de los derechos humanos fundamentalmente retórica y calificó su primer año de gobierno como decepcionante / En estos casi 12 meses el gobierno Federal no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado y, por el contrario, se han detectado nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad
WASHINGTON, D.C., EU, 26 de noviembre (EFE/APRO/AFP).- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) acusó hoy al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de llevar a cabo una defensa de los derechos humanos fundamentalmente retórica y calificó su primer año de gobierno como decepcionante”.
En una extensa carta remitida al presidente mexicano, el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que pese a las promesas de Peña Nieto por salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos, apenas ha logrado algún avance.
“A casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”, aseveró Vivanco.
Con un lenguaje claro y conciso, Vivanco agrega en la misiva:
“A casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico”.
Además, recuerda a Peña Nieto que cuando asumió la presidencia, el país estaba sumido en una crisis de derechos humanos, con un ambiente de impunidad “casi absoluto” en esta materia.
Los abusos, añade, se registraban comúnmente y con demasiada frecuencia como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas por las fuerzas de seguridad, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que instrumentó el expresidente Felipe Calderón.
De manera abierta, HRW critica la retórica de Peña y la falta de acciones para mejorar la situación de los derechos humanos, y le recuerda que cuando llegó al poder se comprometió a hacer realidad los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de México.
“El Pacto por México expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una política de Estado, y el primer día de su mandato emitió un ordenamiento dirigido a las fuerzas armadas, que prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”, destaca el escrito.
En misiva anterior, le recuerda, ya le había advertido al mexiquense que la amenaza para la seguridad pública representada por el crimen organizado era genuina y no ficticia.
Con sus trabajos de investigación de campo, HRW indica al Ejecutivo mexicano que los militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune. Estos hechos, añade, incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en las entidades de todo el país, “perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.
E insiste que frente al reto que representa el crimen organizado, en materia de seguridad y de derechos humanos la estrategia de seguridad instrumentada por el gobierno de Peña Nieto no ha dado resultados.
Vivanco no sólo subraya el fracaso en la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto, sino que incluso la compara con la de Calderón, que convirtió al país en un territorio de sangre y de muerte.
“Por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor”, concluye la carta.
A continuación la carta íntegra de Human Rights Whatch a Peña Nieto
Washington D.C., 26 de noviembre de 2013
Excmo. Señor Presidente Peña Nieto:
A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a S.E. para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años.
Cuando S.E. asumió la presidencia, México estaba sumido en una crisis de derechos humanos, y existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados —incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra la delincuencia organizada.
S.E. ha señalado reiteradamente que los derechos humanos son un tema prioritario para su gobierno. En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución [de México]”. El “Pacto por México” expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que “prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”, según su administración.
Cuando asumió en diciembre de 2012, le dirigí una comunicación pública en nombre de Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Aclaramos que entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos.
También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos.
En el último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos. Promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria. Su gobierno reconoció la magnitud del problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a estos delitos. Su gobierno afirmó estar trabajando en la definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no trascendieron los pormenores de este proyecto.
No obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.
Nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Entre estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.
Otro ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron llevados, miembros del movimiento social a la cual pertenecían habían presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato. Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.
A pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido consignado en estos casos.
Su administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger los derechos básicos.
Se mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados
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