A poco más de tres meses de las elecciones

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Mortal sacudida a Pemex

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Recorte afectará producción y empleos
Condonan impuestos a cinco “gigantes”
Televisa y Azteca van con Luis Videgaray
Averiguación de Ayotzinapa a la luz: IFAI
Reduce el BM el crecimiento de 2.5 a 3.5%
Tramposa publicidad del Verde Ecologista
Abandonemos los fantasmas, pide Narro R.

“Si este mundo es un fracaso, ¿qué nos garantiza que la eternidad sea un éxito?”.- Jorge Saldaña

Para quienes han venido aseverando que la estrategia del Ejecutivo Federal es ignorar el caso Ayotzinapa, dejar que pase el tiempo, que todo lo cura, para que el asunto se olvide y pueda seguir adelante con su campaña electoral para lograr el equilibrio en las curules que requiere para los siguientes 4 años de gobierno, debe constituir todo un “frentazo” la petición del IFAI a la PGR sobre este asunto y más aún el ver que el clero, en diversas entidades del país, hicieron caso del llamado del sacerdote Solalinde y en la frente, donde se revive el mandato católico “ceniza eres y en ceniza te convertirás”, se impuso el número 43 en lugar de la cruz y se dijo una y otra vez que esos normalitas no son cenizas.

Las condiciones marcadas por Areli Cano, es decir, por el IFAI, señalan que debe hacerse pública la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 normalistas, otorgan un plazo de 30 días hábiles para que se permita el acceso a todo el que requiera de esa información. Se marcó este tiempo, en virtud de que son varios los tomos que comprenden estas averiguaciones y en ellas habrán de incluir las declaraciones hechas por Jesús Murillo Karam en las diversas conferencias y todo el material que dio sustento a sus afirmaciones. Al centrar este tipo de peticiones en esa dependencia, se diría que se pretende reforzar lo dicho por el presidente de la República cuando exculpó a los elementos del Ejército, de la Marina y a los propios policías federales sobre esta desaparición, asegurando que es un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.

Lo que le ha sido criticado en algunos diarios nacionales y en todos los extranjeros importantes con respecto a la lentitud con la que el gobierno federal se involucró en el caso de los 43 desaparecidos fue ahora para el Ejecutivo el eje de una defensa que se antoja por demás absurda ya que, en referencia a las fuerzas federales, dice que estas actuaron 10 días después que se dieron los hechos, cuando el gobierno de Guerrero pidió ayuda. “La PGR no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno estatal”. Sostiene, una y otra vez, que se trata de la delincuencia organizada coludida con autoridades locales, en clara referencia al alcalde perredista de Iguala y su esposa, no así al priísta de Cocula al que le quitaron de inmediato los cargos iniciales por los que había sido detenido.

Como la hebra se rompe por lo más delgado, los policías municipales han resultado los culpables de todo lo que se registró en esa fatal fecha y sólo aparecen los Abarca relacionados con este caso, porque a los hermanos, sobrinos y familiares de Ángel Aguirre Rivero y su encargado de finanzas, los cargos son por recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero y posible relación con la delincuencia organizada, nada que tenga que ver con los de Ayotzinapa, ni siquiera para ese mandatario estatal que, sabido es, estaba perfectamente enterado de la situación y de su desastroso desarrollo.

En el rubro de administración y procuración de justicia, los reportes de hoy nos dan claros ejemplos de cómo no se aplica en el país. Un claro ejemplo de esto es, precisamente, el caso del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, toda vez que a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó el pasado 23 de enero, a la Procuraduría General de la República (PGR), que ejercitara acción penal contra el ex mandatario guerrerense procedente del PRD, por su involucramiento en operaciones con recursos de procedencia ilícita, la institución a cargo de Jesús Murillo Karam no procedió contra el ex mandatario.

Únicamente actuó la PGR contra la red de ex funcionarios públicos de esa entidad que participaron con Aguirre Rivero en triangulaciones que sirvieron para ocultar el desvío de más de 287 millones de pesos de recursos estatales y federales que estaban destinados a la construcción de obras públicas. La denuncia de la UIF fue la base para la aprehensión del hermano del ex gobernador, Carlos Mateo, su sobrino Luis Ángel y seis miembros de la familia Hughes.

Así que ahora y en esas “vueltas en U” que el Financial Times señala como actos del gobierno de Peña Nieto que revelan que no saben cuál es el rumbo, determina por encima del dictamen de un juez que sí hubo desapariciones forzadas y ¿por qué el cambio?, ¿por las presiones internacionales que así lo han calificado? Al parecer no. Lo que sucede es que sobre las desapariciones forzadas descubrieron que no existe una ley y que tampoco están los protocolos internaciones y que dentro de las investigaciones que sigue la PGR relacionadas con Ayotzinapa, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas. O sea que se salieron por una tangente que advierte la carencia de una ley y así, todo arreglado.

Porque se presentó la oportunidad de que Peña Nieto envíe una iniciativa para “facultar”, así lo señaló, con esas palabras, al Congreso a “expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales que buscan actuar de manera oportuna y temporal, cuando existan indicios sólidos de que hay autoridades locales involucradas con el crimen”. Ya cuando el Poder Ejecutivo se da el lujo de “facultar” al Poder Legislativo para expedir una ley, todo anda más que torcido, fuera de tiempo, de lugar, de forma, de fondo, se nota que es la salida de “botepronto” y de paso se envía el mensaje de que no hubo ninguna omisión respecto a las desapariciones forzadas, que tampoco su gobierno ha tenido descuidos, que se trata de falta de leyes y de protocolos. Ya se verá si cuando los legisladores aprueben lo que dicen que falta, aparecen los 43 normalistas.

Y, sí es tanta la insistencia en señalar que el Ejército nada tiene que ver en este caso cuando sabido es que se trata de una parte importante de la zona donde se cultiva amapola en tal cantidad que las ganancias suman miles de millones de dólares, que al parecer no combaten sino que cuidan hasta en su traslado, las dudas se incrementan, y a ello se agrega lo que corresponde a la Marina, a los puertos guerrerenses que se supone vigilan, a la falta de vigilancia en las aduanas y al transporte de este tipo de mercancías por agua y tierra. Una apestosa cloaca se ha levantado y quién sabe si puedan disminuir el hedor porque taparla ya es casi imposible.

¿PARA QUIÉN GOBIERNA PEÑA NIETO?

A poco más de tres meses de las elecciones intermedias y ante la reiterada pregunta del electorado nacional: “¿para quién gobierna Enrique Peña Nieto?”, emergen en las noticias de este miércoles respuestas muy interesantes y reveladoras, fuera del discurso oficial y de la estrategia mediática operada desde Los Pinos: “SAT condona a Sabritas, Gamesa, ProLogis y Scotiabank multas millonarias: ASF”; “Mexicanos comen sólo 58 % de las frutas y verduras recomendables al día”; “Faltan ética e integridad en las instituciones públicas: Auditoría Superior de la Federación”; “La PGR, omisa en denuncia contra Aguirre Rivero”; “Confirma Lozoya que Pemex hará recorte de personal”; y “Pérdidas en refinación por 311 mil 500 millones durante gobierno de Peña”, por sólo referirnos a las más sobresalientes del día.

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